Trabajadores del área textil sostienen una reunión este lunes en horas de la mañana con el alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández y con el Oficial Mayor de Defensa Ciudadana, José Canuda, para coordinar el trabajo en contra del comercio de ropa usada prohibido desde el primero de abril de este año.
La preocupación de los confeccionistas nace a raíz de la falta de políticas de acción contra los comerciantes de ropa usada y frente al incumplimiento del Decreto Supremo 29521, que prohíbe la importación y comercialización de esta mercadería.
Además de este decreto que actualmente está vigente y que ninguna autoridad se atreve a hacer cumplir, está la promulgación del decreto 220, que por intermedio de la Ministra Patricia Ballivián se promulgó en junio y que indicaba que la ropa usada decomisada se utilizará como materia prima que sirva en la elaboración de otro tipo de productos como frazadas.
Al respecto René Troncoso dirigente del Comité de Defensa de la Industria Nacional (Codeina), dijo que la ropa usada debería ser decomisada y donada a hogares de ancianos, niños huérfanos que realmente lo necesitan y que no se puede confiar en las medidas tomadas al calor político cuando el gobierno aún no adopta medidas serias que coadyuven la lucha contra el ingreso de ropa usada. El dirigente de los confeccionistas identificó la conducta de las autoridades como desinteresadas y las vinculó con intereses electoralistas por la proximidad de los comicios del seis de diciembre y las elecciones municipales del 10 de abril del 2010.
“Estamos en emergencia por que el gobierno no cumple con las necesidades del sector ni con las necesidades de la población porque se podría donar esta ropa decomisada a los hogares e instituciones que necesiten, este decreto es algo político para nosotros; no hay confianza porque el gobierno quiere quedar bien con ambos y no actuar verdaderamente como debería ser”, manifestó Troncoso.
El dirigente de Codeína advirtió que la presión podría retornar y ser esta vez más radical, recordó las medidas ejecutadas en los pasados meses de abril y mayo en afán de un mejor control del comercio de prendería usada, marchas, protestas en la plaza, cartas enviadas al alcalde y al gobierno, todas sin respuesta, las nuevas acciones de presión contemplan más marchas e incluso la toma de instituciones.
“Si no tenemos una respuesta vamos a volver a marchar, vamos a salir a las calles y si no nos escuchan podríamos tomar la Alcaldía, la Aduana y otras instituciones”, resaltó Troncoso. Asimismo habló del impacto de la comercialización de ropa de medio uso que produjo el cierre de siete de cada diez talleres textiles, mientras que los talleres que continúan operando recortaron su personal de 10 a tres operarios aproximadamente.
Este comentario está respaldado por un estudio del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), publicado tiempo atrás que desnuda el daño que provocó esta actividad a la economía nacional. Sólo entre el año 2000 y 2005 se registró la pérdida de más de 500 millones de dólares, equivalente a un seis por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) obligando al cierre de más de 20 mil talleres de confección; de acuerdo al mismo estudio, se incrementaron las cifras de desempleo en un total de 107 mil fuentes laborales perdidas, de las cuales 56 mil corresponden al sector confecciones.
“Ya no hay la dinámica de comercio, no hay políticas sean del gobierno o la Prefectura que nos ayuden, al contrario hay más desempleo, nuestras necesidades crecen, de tener diez ahora tengo sólo tres operarios, por eso tenemos la presión de hacer algo”, manifestó el dirigente.
Para el presidente de la Cámara Departamental de la Confección (Cadeco), Juan Carlos Vargas, el decreto ofrecido por el gobierno para la transformación de ropa usada en materia prima, podría ser favorable porque retira toda la mercadería existente y la revertiría en una nueva industria que no daña ni el medio ambiente ni la economía nacional.
“De alguna manera hemos coincidido porque eso se puede utilizar en la creación de colchas, colchones que se pueden utilizar tanto en el occidente boliviano como en el oriente en temporadas de temperaturas bajas, evitando la quema de esta ropa que causaría graves daños al medio ambiente”, indicó Vargas.
Sin embargo Vargas dijo que la propuesta de su sector pide que el decomiso no se aplique sólo a los cargamentos de ropa que son descubiertos ingresando ilegalmente, sino también a la ropa que está circulando en el mercado.
“Para suprimir de una vez esta mercadería que es atentatoria contra la economía y la confección nacional, decomisando la ropa usada para ser reconvertidos por que vemos que hay demanda”.
Respecto a la depresión económica y los efectos entre los confeccionistas, Vargas dijo que se trata de uno de los sectores más fuertemente golpeados porque no sólo se trata de la crisis económica, sino de la competencia desleal de la ropa usada, además de la ropa china y coreana que entra de contrabando al país,
“Toda esa mercadería que entra de contrabando a Bolivia nos está dañando esencialmente a los confeccionistas nacionales y por otro lado la crisis económica mundial también nos está afectando”, lamentó Vargas, por que según su apreciación el daño repercute en la industria de los lavados industriales, serigrafía, imprentas, cueros, insumos y adherentes metálicos que se utilizan en los adornos.
EL DATO
La ministra de Desarrollo Productivo y Economía Rural, Patricia Ballivián, explicó Decreto Supremo 220, aprobado en julio, establece que la ropa usada decomisada por la Aduana Nacional será utilizada como materia prima para la fabricación de otros productos.
Compra peruano: www.gamarra.com.pe
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La preocupación de los confeccionistas nace a raíz de la falta de políticas de acción contra los comerciantes de ropa usada y frente al incumplimiento del Decreto Supremo 29521, que prohíbe la importación y comercialización de esta mercadería.
Además de este decreto que actualmente está vigente y que ninguna autoridad se atreve a hacer cumplir, está la promulgación del decreto 220, que por intermedio de la Ministra Patricia Ballivián se promulgó en junio y que indicaba que la ropa usada decomisada se utilizará como materia prima que sirva en la elaboración de otro tipo de productos como frazadas.
Al respecto René Troncoso dirigente del Comité de Defensa de la Industria Nacional (Codeina), dijo que la ropa usada debería ser decomisada y donada a hogares de ancianos, niños huérfanos que realmente lo necesitan y que no se puede confiar en las medidas tomadas al calor político cuando el gobierno aún no adopta medidas serias que coadyuven la lucha contra el ingreso de ropa usada. El dirigente de los confeccionistas identificó la conducta de las autoridades como desinteresadas y las vinculó con intereses electoralistas por la proximidad de los comicios del seis de diciembre y las elecciones municipales del 10 de abril del 2010.
“Estamos en emergencia por que el gobierno no cumple con las necesidades del sector ni con las necesidades de la población porque se podría donar esta ropa decomisada a los hogares e instituciones que necesiten, este decreto es algo político para nosotros; no hay confianza porque el gobierno quiere quedar bien con ambos y no actuar verdaderamente como debería ser”, manifestó Troncoso.
El dirigente de Codeína advirtió que la presión podría retornar y ser esta vez más radical, recordó las medidas ejecutadas en los pasados meses de abril y mayo en afán de un mejor control del comercio de prendería usada, marchas, protestas en la plaza, cartas enviadas al alcalde y al gobierno, todas sin respuesta, las nuevas acciones de presión contemplan más marchas e incluso la toma de instituciones.
“Si no tenemos una respuesta vamos a volver a marchar, vamos a salir a las calles y si no nos escuchan podríamos tomar la Alcaldía, la Aduana y otras instituciones”, resaltó Troncoso. Asimismo habló del impacto de la comercialización de ropa de medio uso que produjo el cierre de siete de cada diez talleres textiles, mientras que los talleres que continúan operando recortaron su personal de 10 a tres operarios aproximadamente.
Este comentario está respaldado por un estudio del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), publicado tiempo atrás que desnuda el daño que provocó esta actividad a la economía nacional. Sólo entre el año 2000 y 2005 se registró la pérdida de más de 500 millones de dólares, equivalente a un seis por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) obligando al cierre de más de 20 mil talleres de confección; de acuerdo al mismo estudio, se incrementaron las cifras de desempleo en un total de 107 mil fuentes laborales perdidas, de las cuales 56 mil corresponden al sector confecciones.
“Ya no hay la dinámica de comercio, no hay políticas sean del gobierno o la Prefectura que nos ayuden, al contrario hay más desempleo, nuestras necesidades crecen, de tener diez ahora tengo sólo tres operarios, por eso tenemos la presión de hacer algo”, manifestó el dirigente.
Para el presidente de la Cámara Departamental de la Confección (Cadeco), Juan Carlos Vargas, el decreto ofrecido por el gobierno para la transformación de ropa usada en materia prima, podría ser favorable porque retira toda la mercadería existente y la revertiría en una nueva industria que no daña ni el medio ambiente ni la economía nacional.
“De alguna manera hemos coincidido porque eso se puede utilizar en la creación de colchas, colchones que se pueden utilizar tanto en el occidente boliviano como en el oriente en temporadas de temperaturas bajas, evitando la quema de esta ropa que causaría graves daños al medio ambiente”, indicó Vargas.
Sin embargo Vargas dijo que la propuesta de su sector pide que el decomiso no se aplique sólo a los cargamentos de ropa que son descubiertos ingresando ilegalmente, sino también a la ropa que está circulando en el mercado.
“Para suprimir de una vez esta mercadería que es atentatoria contra la economía y la confección nacional, decomisando la ropa usada para ser reconvertidos por que vemos que hay demanda”.
Respecto a la depresión económica y los efectos entre los confeccionistas, Vargas dijo que se trata de uno de los sectores más fuertemente golpeados porque no sólo se trata de la crisis económica, sino de la competencia desleal de la ropa usada, además de la ropa china y coreana que entra de contrabando al país,
“Toda esa mercadería que entra de contrabando a Bolivia nos está dañando esencialmente a los confeccionistas nacionales y por otro lado la crisis económica mundial también nos está afectando”, lamentó Vargas, por que según su apreciación el daño repercute en la industria de los lavados industriales, serigrafía, imprentas, cueros, insumos y adherentes metálicos que se utilizan en los adornos.
EL DATO
La ministra de Desarrollo Productivo y Economía Rural, Patricia Ballivián, explicó Decreto Supremo 220, aprobado en julio, establece que la ropa usada decomisada por la Aduana Nacional será utilizada como materia prima para la fabricación de otros productos.
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